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viernes, 31 de mayo de 2013

SALARIOS MÍNIMOS, INGRESOS MÁXIMOS.

Cuando un gobierno quiere cambiar un procedimiento legislativo, sanitario, educacional o fiscal que funciona suele decir que el sistema es anticuado y hay que actualizarlo. Eso empezó desde que existen gobiernos. A los menos relevantes de su partido le conceden una limosna, no hacen nada pero gastan y ganan poco. En el Siglo XIX el gobierno bianual de turno nombraba a sus amigos "funcionarios" que cesaban con el gobierno que los había nombrado, normalmente después de cobrar una miseria durante seis meses. Esos seis meses debían de producir suficiente para aguantar un año. Licencias, arbitrios e impuestos, eran defraudados al Estado por los mismos que los dictaban o recaudaban. Más tarde se importó de Francia, principalmente,  un modelo de Administración profesional,
 Con Felipe González se produjo una legislación administrativa que teóricamente estaba bien, pero abrió el campo a la libre designación, a la contratación de informes técnicos para asuntos en los que la Administración estaba sobrada de personal cualificado, que se quedó para hacer trámites burocráticos inferiores a su formación. Se estableció que el salario más alto no podía ser más de tres veces el salario más bajo, pero simultaneamente se introdujo el Complemento Específico que en algunos caso triplicaba el salario y el complemento de destino que en el caso de algunos asimilados era astronómico. La responsabilidad, el trabajo real, y el servicio público realizado suelen ser inversamente proporcionales al nivel del funcionario.
No veo el porqué un ingeniero deba ganar tres veces el sueldo base de un peón. Se multiplica por veinte o por treinta si añadimos los demás conceptos. El peón tiene derecho a lo mismo que el ingeniero: bienestar, educación, sanidad y promoción profesional. Además, normalmente el peón  le ha pagado la carrera al alto cargo.
 La tesis del gobierno socialista era que si no se primaba a los altos funcionarios se iban a la privada. Rara vez ocurrió, entre otras cosas porque en numerosos casos además de cobrar del Estado ya trabajaban para ella. Muchos, incluso pringados como yo,  lo hicimos alguna vez.
Los seis millones de parados se alegran si a los funcionarios les recortan el sueldo, no les preocupa que el dinero de las actividades públicas se vaya a las empresas de amigos influyentes. Que políticos iletrados cobren en tres meses lo que ellos ganan en tres años. Que veraneen con sus impuestos. A los seis millones de parados lo que les jode es que el pringado mileurista de atención al público tome café, que le haga esperar mientras habla con un compañero, y sobre todo que tenga trabajo. Los miserables que nos gobiernan saben que no va a rodar su cabeza, va a ser agredido un tipejo que aprobó unas oposiciones al grupo C2 y está en la mesa nueve.
Debe ser por ello que los altos cargos del Banco de España sugieren que no se tengan en cuenta los Convenios colectivos y se rebaje el salario mínimo. Esos mismos cerebros hacían balances positivos de nuestra banca arruinada por sus dirigentes y a punto de rescate, mantenían en el cargo gente de dudosa reputación y nadie les agrede. Agreden al celador del Hospital, al auxiliar del Inem, o al maestro de sus hijos.

miércoles, 22 de mayo de 2013

LAMINA DE AGUA

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Uno de los numerosos problemas que afectan a nuestra clase política es mear fuera del tiesto. En el lenguaje con que disfrazan su incompetencia le llamarían “extemporaneidad”.
Uno de los ejemplos y hay muchos, es la gestión de los puertos. Primero descubrieron que a los mercantes se les podía robar carga, comprar tabaco y whiski de contrabando a precios de chantaje, creando un aparato burocrático insufrible e ineficaz. Consecuencia: Ni España tiene barcos ni los extranjeros traen su carga a nuestros puertos.
Luego descubrieron que a los pesqueros se les podía robar de todo. Para pagar esos robos arrasaban con los caladeros y todo el mundo estaba contento. Ya no tenemos caladeros ni pesqueros.
Con el ladrillazo empezó a molar tener un barco; “de recreo”, le dicen. Nuestra costa se llenó de puertos deportivos, todos los tarugos que se forraron defraudando al estado y a los consumidores compraron un barco y una concesión en régimen de copropiedad de la lámina de agua ocupada. Es decir el Estado le vendió a muchos ciudadanos, entre los que había bastantes aficionados a la náutica que no robaron a nadie, el derecho a flotar por veinticinco años, mediante un canon por metro cuadrado y día.
Lo malo de esto es que como siempre llegaron tarde. Construyeron los puertos deportivos cuando ya ni los extranjeros tenían interés en compartir el desastre especulativo de nuestras costas, ni mayor interés en compartir pantalán con nuestros recién estrenados nautas, salidos de una pléyade de escuelas que nacieron con el boom de: “tener un barco mola”.
Hoy tener un barco modesto, que en cualquier país europeo es demostración de amor a la naturaleza, conocimiento de las ciencias y de la artesanía al alcance de cualquier obrero, es imposible en nuestro país a menos que estés “forrado”. Los gastos de comunidad de nuestros puertos deportivos, las tasas por ocupación del agua de nuestras administraciones públicas, el afán recaudatorio de las empresas privadas encargadas de certificar la seguridad y de las numerosas autoridades involucradas, los impuestos excesivos al material, hacen que sigamos siendo una isla de espaldas al mar, que la actividad marítima sea un paraíso del enchufe y que unas inversiones astronómicas en puertos comerciales, pesqueros y deportivos sean tan rentables como el Aeropuerto de Castellón. Y han sido todos, todos los que llevan decenios enmierdando el país. Los chorizos son profesionales de cualquier filiación política.